sábado, 28 de abril de 2012

Vamos en ese camino


    El vídeo muestra una realidad cruda en Colombia, pero que por desgracia México se encamina en ese mismo camino con una velocidad impresionante, en ocasiones escuchamos hablar que México se esta colombianizando, que si bien en cierto punto no he coincidido con ese termino, en lo que si estoy de acuerdo es que cada vez somos mas semejantes el lo relativo a la miseria que se crea como consecuencia de la corrupción de la clase política que privilegia a los grandes capitalistas en lugar de velar por lo intereses generales de la nación, se venden al mejor postor, como actualmente lo demuestra el caso Walmart en México.

    El propósito de mi post es que después de ver el video se formen  una opinión y sobre todo analicen que es lo que cada uno de nosotros estamos haciendo, y en consecuencia en que medida estamos cooperando para que estas circunstancias se estén dando en cada una de nuestras sociedades, quizá el fenómeno que vive cada país no sean idénticos al resto, pero si tienen un origen y solo su forma es lo que cambia.

   Saludos y espero reflexionen.

   

jueves, 26 de abril de 2012

El valor de la palabra.

    Para muchos de nosotros expresar la frase "Te doy mi palabra" es un choque de conceptos, pues por un lado, fuimos educados que la palabra de un hombre (perdonaran el machismo implícito, pero así se estilaba), era lo sagrado, el valor máximo con el que uno podía ser reconocido en esta vida, por ende,cuando dabas tu palabra algo de mayor cuantía se quedaba empeñado, sin embargo, eso es historia, actualmente nadie reconoce la palabra de otro y mucho menos dignifica la propia, todos hablan, prometen, dicen que se obligan pero a la hora de cumplir, nada, olvidan sus palabras y peor aún la obligación que ellos adquirieron por voluntad propia.

    En los últimos días he visto a gente, que para colmo son abogados, que han olvidado su compromiso, sus obligaciones con sus semejantes, pues como no firmaron un documento argumentan que pudieron decir mil cosas pero eso no tiene validez, se ningunean a si mismos, pues dicen que carecen de valor, son seres que solo valen si han firmado un documento y claro solo si ha pasado por la validez de un notario; les he preguntado si necesitan que un notario vaya tras ellos a cada instante para que sus actos obtengan algun grado de validez, en fin esos seres son asi y hay que aprender a lidiar con ellos, aunque les he puesto el ejemplo de que en una conversacion me comprometí a realizar determinada actividad la he llevado a cabo sin mas precison que el valor que yo mismo me he dado.

   Un abogado que niega el valor de la palabra, no merece ser llamado abogado, si al caso coyote, pero nunca debera ser reconocido con el termino "iurisconsultus" pues olvida que toda obligacion nace al momento que se expresa la voluntad en forma libre, y la primera expresión es precisamente la palabra, asi que aquellos coyotes que niegan el valor de la palabra desconocen las fuentes de las obligaciones civiles.

   Pero este post no tiene la finalidad de escribir sobre temas juridicos, solo externar como en México la palabra de una persona carece de valor, y ello es así, por que nosotros mismos lo hemos llevado a ese extremo, desconocemos irresponsablemente nuestros compromisos que contrajimos y en forma cobarde buscamos una excusa y que mejor que la falta de un documento firmado y notariado, para que no haya ningun tipo de prueba, y como en una disputa legal el juez estara atado de manos pues no tiene mas elementos que la palabra (sin valor) de dos opuestos que claro son contradictorias.

    En necesario que recapacitemos en la forma que educamos a las futuras generaciones, debemos retomar la educación que fomentaba el valor a uno mismo y  al prójimo. En fin espero leerlos pronto.


martes, 3 de abril de 2012

¿Cómo les exigimos si no les cumplimos?


En nuestro país vivimos en un estado de alerta por el incremento en los niveles de la criminalidad, en este espacio no deseo profundizar en causas y efectos de ello, solo baste para tener presente que ante esta situación buscamos la protección de los cuerpos de seguridad pública, pero cada vez que solicitamos su apoyo o que nos enteramos de su forma de actuar nos provoca estados de ánimo hacia la ignominia, lo que provoca nuestras críticas y exigencias para que los policías sean capacitados y profesionalizados, pero desconocemos lo que hay detrás de la cortina de las instituciones encargadas de la seguridad publica en nuestro país.
Así que he decido escribir un poco sobre la situación jurídica que regula a nuestros policías, con el objetivo que logremos entender que ellos son trabajadores que viven relaciones laborales donde a cada instante les son violados sus derechos fundamentales, lo que lleva, sin duda, a dar un servicio raquítico que no cumple con los estándares deseados.
Para adentrarnos al estudio del régimen jurídico es necesario iniciar con el análisis de artículo 123 apartado B fracción XIII de nuestra constitución en el cual se prevé que los policías se regirán por sus propias leyes, en el segundo párrafo de esta fracción se menciona que los policías que sean separados de su cargo por motivos de no cumplir con los requisitos de permanencia o por incurrir en responsabilidad durante su servicio, no serán reinstalados en su servicio a pesar que la autoridad jurisdiccional determine que la separación, cese o baja ha sido injustificada y solo obliga al Estado a pagar la indemnización correspondiente.
Así que los problemas de nuestros policías inician desde la propia constitución, la cual los excluye y niega derechos fundamentales que cualquier otro ciudadano puede invocar en su favor, como lo es el principio de inocencia; aquí un ejemplo para aquellos que no estén familiarizados con el tema, si a un policía le hacen alguna imputación sobre su responsabilidad en sus labores y como consecuencia tiene que enfrentar un proceso judicial, por ley tiene que ser separado de su servicio, y si al termino del proceso la autoridad jurisdiccional lo absuelve, no podrá ser reinstalado en su servicio. Así desde el inicio del proceso la dependencia o institución a la que pertenecía lo considero culpable y por ello lo destituyo del encargo, luego el juez reconoce su inocencia pero eso ya no importa el policía sujeto a proceso ha quedado fuera por una falsa acusación.
En este mismo artículo constitucional se deriva otro problema, pues al poner a los policías en un régimen especial deja la reglamentación a la ley secundaria la cual, sea dicho de paso, es omisa en una gran cantidad de temas, lo que deja a este sector de la población en un estado de inseguridad jurídica.
La incertidumbre jurídica para cualquier policía es tan grande pero a la vez tan olvidada, pues ningún legislador o político ha reparado en llevar este tema al congreso para su análisis y por su puesto para su solución desde la propia ley. Es lógico pensar que si la constitución pone a los policías en sus relaciones laborales en un régimen especial será la ley secundaria o reglamentaria la que profundice y detalle sobre la materia, he ahí el problema; La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Artículo 123 apartado B, que si bien en su artículo 5, fracción II,  inciso I, considera a los policías como personal de confianza, posteriormente en su artículo 8 menciona que quedan excluidos del régimen de esta ley los trabajadores de confianza que se mencionan en el artículo 5. Ahora bien al ser excluidos de esta reglamentación hay que buscar que ley normara dichas relaciones laborales.
Ahora bien, a nivel federal no hay ley de seguridad pública, si bien está la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, el espíritu de ésta es entorno a la coordinación entre las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública y procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Pero no regula las relaciones laborales propiamente, si bien prevé los requisitos de ingreso y permanencia y las obligaciones de los miembros de las diferentes corporaciones, la ley se queda al nivel de establecer las obligaciones pero es opaca en lo relacionado a los derechos.
A nivel estatal en el Distrito Federal tenemos la Ley de Seguridad Publica del D.F. pero esta ley data del año 1993 y se ha demostrado reiteradamente en tribunales que está llena de vacios legales, tan en así que la jurisprudencia ha corregido algunos de esos vacios indicando por ejemplo en materia de desahogo de pruebas, durante el proceso administrativo en los órganos de control interno, se debe aplicar supletoriamente el código de procedimientos penales del D.F. pues la propia ley si bien, establece un procedimiento para determinar sanciones administrativas a los policías no prevé las formas de desahogo de pruebas, ni el valor que se les dará a cada una de ellas.
Ahora bien esta ley no ha sido actualizada y solo se han ido creando parches como el reglamento que establece el procedimiento para la conclusión de la carrera policial de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F, tema que sin duda debería ir en el cuerpo de la ley de seguridad pública. Así pues de tanto vacio solo me ocupare de algunos que son enunciativos y más no limitativos.
Uno de los problemas que sufren con frecuencia nuestros policías es el abuso por parte de sus superiores en lo relativo al termino “necesidades del servicio” pues con este argumento los jefes abusan al extremo absurdo de negar cualquier derecho sin más que mencionar que es necesidad del servicio, es por ello que la ley de seguridad publica debería delimitar en qué momento se puede restringir un beneficio al policía en razón de las necesidades de servicio. Sin duda cualquier policía entiende que este término se le debe aplicar a situaciones extraordinarias como por ejemplo una marcha que se sale de control y que se ha vuelto violenta contra terceros y que por ende es necesario enviar refuerzos, o un motín en un reclusorio, incluso el tiempo que sea necesario para realizar una puesta a disposición de un probable responsable ante la autoridad ministerial, sin duda no hay elemento policial que se niegue a dar su tiempo de descanso porque comprende que dichas situaciones son verdaderas necesidades del servicio, pero no así cuando su superior sin razón les niega se retiren al termino de su turno con el único argumento que el jefe considera que no lo merecen, así sin más explicación o razonamiento fundado.
Otro grave problema que enfrentan policías, es que las instituciones no les proporcionan el equipo y uniforme reglamentarios completos, pero que si no los portan son sancionados, por lo que deben ir a comprar lo que les falto en la ministración a lugares que resultan ser propiedad de jefes.
Podría seguir escribiendo de innumerables anomalías al interior de las instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia, pero considero que he dejado claro que es necesario que nuestros diputados y senadores tomen conciencia que para poder tener una policía, como institución, eficiente es prioritario fortalecer su principal recurso, que es el humano, pues podríamos dotarlos del mejor equipo y armamento, podríamos autorizarlos para que detengan a cualquier persona por el mínimo de los motivos, incluso por el solo hecho de ser “sospechoso”, pero esto no nos garantiza que los policías sean eficientes en el combate a la delincuencia, considero que si los tratamos como seres humanos y les reconocemos todos sus derechos como tales, esto será el motor que los impulse a realizar un trabajo profesional como el que espera la sociedad mexicana de ellos.
A manera de conclusión considero que es urgente la reforma en materia de relaciones laborales entre los policías y las instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia, donde sin duda se tiene que discutir la necesidad de permitirles a nuestros policías la libre asociación profesional ya sea a través de un sindicato o como asociación profesional, entiendo que hay derechos que por sus características propias de su labor no se pueden otorgar como es el derecho de huelga, pero creo que el solo hecho de tener una representación en grupo los jefes inmediatos se abstendrían que caer en abuso de autoridad como los realizan actualmente en forma reiterada.
Un sindicato o una asociación profesional permitiría que a través de ella se dialogue en forma de iguales con los titulares de las dependencias incluso con los legisladores, pues el sindicato recogería las inquietudes de sus miembros y dialogaría con las autoridades para que se crearan condiciones mínimas necesarias para el buen desempeño del servició.
Hasta aquí con este tema, espero sus comentarios, sobre todo aquellos que se opongan a mi punto de vista, siempre y cuando tengan una buena argumentación.